En mayo de 2018 un Juzgado de lo Social declaraba la procedencia de un despido por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. La prueba principal aportada por la empresa fue un informe de investigación privada que, ratificado por su autor, acreditaba:
- El registro de un dominio en Internet por el trabajador, donde se alojaba una página web promocionando servicios concurrentes a los de la empresa.
- La directa implicación del trabajador en la promoción de dichos servicios, atendiendo a clientes potenciales.
- La ejecución por el trabajador de trabajos concurrentes en favor de terceros y la utilización de medios de la empresa para dichos trabajos.
Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Desde hace muchos años la Investigación Privada es el medio casi exclusivo por el que una empresa puede descubrir y acreditar en juicio casos como el expuesto.
Lo que sí es destacable es que la sentencia ilustra el aumento de estos casos desde hace 2 años, después del “parón” que supuso la larga crisis iniciada en 2008. En ocasiones son casos sencillos como el anterior. En otras ocasiones incluyen la connivencia de proveedores y casi siempre el robo de información técnica y comercial.
¿Qué hacer para prevenirlo? Entre otras medidas, investigar cualquier situación atípica o sospecha verosímil. A veces para descubrir y probar, como en la sentencia del comienzo. Otras sencillamente para descartar deslealtades y dormir tranquilo. ¿Cree que invertir en esta prevención no está justificado? Eso es que no ha conocido aún el coste del fraude y de la competencia desleal.
No se conforme con menos, pudiendo tener HAS.
