En el año 2000 y tras más de 1 década de resoluciones favorables de Tribunales Superiores y Supremo, el Tribunal Constitucional dio carta de legalidad definitiva a este tipo de actuaciones de investigación, habituales en la detección y prueba de robos y sabotajes en empresas (STC 186/2000).
En Febrero de 2010 la Agencia de Protección de Datos dictó una resolución de archivo de actuaciones, en un supuesto de instalación de cámaras ocultas por un Detective Privado para el descubrimiento y acreditación de robos en una empresa y de su autor.
La resolución entiende que la finalidad y ámbito espacial y temporal de la instalación la excluye de la aplicación de la Instrucción 1/2006.
